El Gobierno quiere aprovechar la nueva ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos para impulsar en las administraciones públicas una amplia adopción del software de código abierto (o software libre) frente a soluciones propietarias (de pago por licencias).

Una iniciativa que perjudica directamente al negocio de Microsoft, cuyos programas cuentan hoy con una destacada presencia en algunas comunidades autónomas españolas, sobre todo, en aquellas regiones consideradas más ricas o industrializadas.

La ley, que entrará en vigor en enero de 2010, reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración por medios electrónicos.

Además, regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las distintas administraciones públicas, y en las comunicaciones entre organismos y ciudadanos.

A efectos prácticos, las instituciones deberán colgar todos sus servicios en la red para que sean accesibles a los ciudadanos. Esto implica que muchos organismos deben acometer una importante labor de modernización tecnológica, que abre la puerta al empleo del software libre.

Neutralidad tecnológica

El Ejecutivo está convencido de que la modernización de las administraciones debe atacarse de manera sostenible y eficiente utilizando las tecnologías de código abierto, en lugar de las soluciones propietarias.

¿Por qué? Las administraciones deben cumplir con el principio de neutralidad tecnológica que recoge la ley. Es decir, ningún ciudadano puede ser discriminado por razón del tipo de ordenador o software que decida usar para relacionarse con la Administración. Por este motivo, se establece que los organismos públicos deben usar siempre estándares abiertos para comunicarse con los ciudadanos.

Campaña

El Cenatic (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas), dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de Red.es, va a desarrollar una campaña de promoción de las bondades del software abierto entre las administraciones públicas.

Para ello, ha encargado a la consultora Deloitte la realización de un estudio con el que pretende difundir entre los ciudadanos y las empresas los derechos derivados de la nueva ley, además de promover entre las administraciones públicas las ventajas que aporta este tipo de software para cumplir de forma más rápida y eficiente con la ley. El estudio estará terminado a finales del próximo febrero.

Entre las principales bondades del software libre, destaca la reducción de costes asociada a la inexistencia de licencias, además de la posibilidad de que las administraciones públicas controlen su tecnología y no estén ligadas a un proveedor multinacional.

Asimismo, al decantarse por este tipo de software, las entidades pueden reutilizar desarrollos de otros organismos y es más fácil asegurar la interoperabilidad entre las distintas aplicaciones, de forma que los sistemas de las administraciones puedan hablar entre sí.

Falsos mitos

Mientras, el estudio de Deloitte pretende desterrar algunos de los mitos que rodean este tipo de soluciones, como la idea de que el software propietario es más seguro o la falta de soporte alrededor de estas soluciones.

Así, el organismo dirigido por Carolina Grau quiere que los responsables tecnológicos tengan claro que el software de código abierto se apoya en estándares probados con los que las Administraciones pueden montar tanto su arquitectura tecnológica como los servicios a los ciudadanos sin correr necesariamente riesgos.

Por supuesto, la fiabilidad y eficiencia de cada programa, al igual que ocurre con el software propietario, dependerá de la profesionalidad de sus desarrolladores e implantadores. "La promoción del software libre puede ayudar a una floreciente industria local de empresas de tecnología de la información que proveen soluciones y servicios alrededor del código abierto", añade Carolina Grau.

Extraído de telcomunity.com.